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PODER LEGISLATIVO ASUMIRÁ LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA TIERRA

PODER LEGISLATIVO ASUMIRÁ LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA TIERRA, COMO MARCO DE GUÍA DE LA CONDUCTA Y TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: DIP. MARITE HERNÁNDEZ.

Con el objetivo de que la Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, lleven a cabo acciones administrativas para que el Poder Legislativo adopte y asuma los principios y valores de la Carta de la Tierra, como un marco ético para guiar la conducta y la toma de decisiones en el desempeño de las atribuciones y facultades, el Pleno aprobó un Acuerdo Económico en la materia.

La propuesta fue presentada por la diputada Marite Hernández Correa quien dijo que, la Carta de la Tierra es un instrumento internacional con fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos. Sus principios se sustentan en cuatro pilares: el Respeto y Cuidado de la Comunidad de Vida; la Integridad Ecológica; la Justicia Social y Económica; y la Democracia, No violencia y Paz.

Explicó que la Carta de la Tierra en el ámbito legislativo, puede cumplir la importante función de orientar las políticas legislativas para actuar de conformidad con principios éticos reconocidos universalmente, pero también, como un instrumento que ayude a dar aplicabilidad a las obligaciones en materia de derechos humanos.

Por lo que con esta aprobación, el Poder Legislativo asume los principios y valores de la carta de la tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable, como un referente para la toma de decisiones y para fomentar estilos y prácticas de vida más justas, inclusivas y equitativas, de respeto, culturas, religiones, grupos étnicos, géneros, edades, preferencias sexuales o de cualquier otro tipo, en consonancia con el ambiente que sustenta la vida en el país.

Finalmente, Hernández Correa hizo un llamado a las diputadas y diputados para adoptar la carta de la tierra como un instrumento orientador en la importante tarea de legislar cuando se trata de derechos humanos y derechos ambientales; por lo que se convierte en una herramienta fundamental en la tarea legislativa.

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