FORTALECEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.
Para que las organizaciones no gubernamentales colaboren con el Gobierno del Estado en diversas actividades que, a la larga, serán beneficiosas para todos, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa para realizar reformas a la Ley de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social para el Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue presentada por la diputada Consuelo Carmona Salas, y establece que las instituciones de desarrollo humano o bienestar social constituidas por los particulares tendrán como derechos:
Participar en la planeación, elaboración, promoción y ejecución de las políticas públicas en materia de bienestar y desarrollo social, tanto en el ámbito estatal como municipal, en los términos que establezcan las leyes aplicables en la materia.
Participar en la celebración de convenios y en la ejecución de acciones de concertación con las distintas dependencias y entidades, para la realización de actividades de bienestar y desarrollo social en el ámbito federal, estatal y municipal.
Así mismo, podrán ser sujetos de participación y consulta para la elaboración, actuación y ejecución de los planes estatal y municipal de desarrollo, así como en los programas y proyectos que deriven de éstos.
En su exposición de motivos, indica que la Ley Local de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social tiene como fin último fomentar las actividades de bienestar y desarrollo social por conducto de organizaciones no gubernamentales; dichas actividades son orientadas a lograr el avance general del conocimiento, la salud integral de la población, un ambiente sano y desarrollo sustentable, la promoción de las garantías individuales y sociales, la beneficencia y la asistencia social, la promoción de la cultura y la educación.
De ahí la importancia de este ordenamiento legal, ya que el bienestar social influye en la calidad de vida de las personas.
Por lo que esta adecuación es resultado del análisis realizado al marco legal vigente que nos ocupa, identificándose un nicho de oportunidad que no se tiene contemplado, el que las organizaciones no gubernamentales colaboren con el Gobierno del Estado en diversas actividades.