Ahora coincidimos en que tenemos un mal gobernante, sin duda alguna, el pueblo lo entiende cada vez más y la situación actual en que vivimos nos lo confirma, nos gobierna un personaje que no sabe de economía ni de números y lleva al país al endeudamiento, nos tiene sin medicinas, sin empleo ni inversión, un gobernante que malgasta el dinero de los mexicanos y, para colmo, un hombre insensible con el pueblo que lo sentó en la silla, quien ahora impone leyes lesivas contra sus gobernados, pues, el pasado 29 de julio, los diputados morenistas locales de Tabasco, su estado natal, aprobaron una reforma al Código Penal local que somete a sanciones jurídicas y económicas a quienes se manifiesten u obstaculicen la vía pública; la iniciativa conocida como “Ley garrote” es una medida represiva, la cual, restringe, amenaza y castiga con dureza ( hasta con 20 años de cárcel) las protestas ciudadanas contra cualquier acción gubernamental. Las modificaciones para la llamada “ley garrote” se realizaron en los artículos 299; 306; 307 y 308 del Código Penal de Tabasco y se adicionarán el artículo 196 Bis y el artículo 308 Bis. Dicha ley, incrementa los años de prisión y las multas económicas a quien interrumpa o dificulte el servicio público de comunicación y a quien cometa delitos en contra de la libertad de tránsito y obstaculice alguna vía, un medio de transporte o intente frenar cualquier obra pública. Las penas se duplican cuando en estas acciones participen más de dos personas, o sea, la manifestación de muchos, recrudece la represión y el autoritarismo presidencial.
Para ejemplificar las consecuencias de esta Ley garrote; cuando se realicen acciones como electrificaciones o excavaciones de ductos, presas, termoeléctricas, gasoductos, que el gobierno pacte con las trasnacionales o la misma refinería Dos bocas tan cuestionada por su mala proyección fuera de todas las leyes ecológicas; ni los obreros y trabajadores de la construcción, ni los indígenas que exigen se cuiden sus tierras, ni los campesinos que resguardan el campo, ni la población civil que se sienta afectada, podrán negarse o manifestar su inconformidad ante alguna imposición, si la gente se manifiesta contra algún proyecto, se le impondrán castigos de hasta 20 años de cárcel. Nadie podrá levantarse a protestar contra las imposiciones del gobierno morenista so pena de ir a la cárcel, y como ya no existe la presunción de inocencia, todos somos culpables.
Además de la inconstitucionalidad de esta Ley, se percibe a todo color, la imposición de la voluntad gubernamental frente al derecho, el afán del presidente en acomodar la legislación a conveniencia sin límites ni respeto alguno a la Constitución, pues violenta el Art. 6, el cual defiende la libre expresión y manifestación de ideas, el Art. 11, sobre la libertad de tránsito y el Art. 9, que permite la libre expresión, asociación y reunión y libre manifestación de ideas, como garantías individuales.
El pasado discurso “populista” y demagogo de la 4T solo fue un disfraz de ocasión. Con estas imposiciones contra el pueblo, agregado a sus interminables errores de gobierno, queda al descubierto la mentira canalla con la que enamoró a las mayorías en sus 11 años de campaña, pues nunca ha tenido un verdadero interés por el bienestar del pueblo, sino, ambición arcaica y desmedida de llegar al poder y después apropiárselo, con no se sabe qué finalidad.
A las claras se ve, nadie es ciego ni tonto, tan mala actuación del ejecutivo, puesto que, en su conferencia matutina del 29 de julio, defendió la “Ley garrote”, y afirmó que “no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos ni presiones contra las acciones gubernamentales”. Eso dijo muy falto de verdad, pues la ley sí encarcela, coarta libertades y nadie queda exento de ello, mucho menos los desposeídos; pero así se las gasta el presidente, a cada pregunta su respuesta evasiva para ocultar su pretensión de enmudecer al pueblo ahora bajo el brazo de la ley.
Lo que sí es cierto, es que la “Ley garrote”, aprobada por Morena y defendida por el Peje, representa un atentado frontal contra el pueblo, quien ahora, más que nunca vive inconforme con las malas decisiones que se están tomando desde la silla presidencial, las cuales, mantienen a la inmensa mayoría en la pobreza y sin oportunidades de salir adelante, y, por si fuera poco, para aumentar el castigo al pueblo y a las organizaciones civiles, intentan callarnos la boca para no exhibir, ni exigirle al peor presidente en la historia contemporánea de México, quien ahora, nos impone a los mexicanos leyes retrógradas, con clara tendencia a hacer polvo el estado de derecho y orden constitucional.
El Movimiento Antorchista, reprueba el uso de la fuerza por encima de la razón, de la negociación y del diálogo, Morena en Tabasco busca criminalizar la manifestación, para eso llegaron a la presidencia, para encarcelar a quienes no estén de acuerdo con su gobierno impositivo y errático. Tabasco es usado ahora como laboratorio de prueba, a ver hasta dónde la sociedad mexicana permite que las conquistas sociales se vayan diluyendo y se enmudezca la denuncia del pueblo ante el abuso del gobernante en turno. Usar el garrote como medio para detener la protesta popular y la libre expresión es inadmisible en un país democrático. Las personas tenemos el derecho de manifestarnos en oposición o de acuerdo a lo que un gobierno haya decidido, la obligación del Estado es no reprimir la libre manifestación, por el contrario, debe saber escuchar las denuncias de la gente, las quejas de los trabajadores, obreros, campesinos, comerciantes, todos, y darles salida a los problemas de la población. Al pueblo pobre y trabajador no se le gobierna a garrotazos ni con acciones represivas. ¡Así NO, presidente!
