CON ELLAS SE PODRÁ PREVENIR, SANCIONAR Y CASTIGAR LA CORRUPCIÓN EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES.
Con la puesta en marcha del nuevo mecanismo anticorrupción por parte del gobierno estatal, la ciudadanía estará segura de la verticalidad en los proceso de compras contratación y regulación del gasto público.
Dio a conocer el secretario del Despacho de Gobierno Alejandro Velázquez Mendoza, al indicar que este proceso es producto de las nuevas leyes que se encuentran en espera de su aprobación dentro del Congreso del Estado.
Con ello, se podrá prevenir, sancionar y castigar la corrupción en los servidores públicos estatales tanto de la actual administración que preside Julio Menchaca Salazar como del pasado sexenio gubernamental de Omar Fayad Meneses.
Las iniciativas anticorrupción son cuatro: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para informar puntual cualquier solicitud informativa requerida, la Ley de Obras Públicas que funcionará para incorporar a todo contratista interesado en construir proyectos de infraestructura sin empresas consentidas; la Ley de Adquisiciones que es para proveedores con intención de prestar sus productos o servicios, la cual incluye eliminar empresas pequeñas recién creadas para obras de inversión millonaria.
La Ley de Entrega a Recepción dedicada a plasmar lo que se hizo, lo pendiente, así como las metodologías desarrolladas, metodologías transexenales, la creación de un comité de entrega conformado desde 12 meses antes del cambio de poderes.
Las cuatro iniciativas van ligadas y ellas pretenden “identificar, mitigar, prevenir las conductas de corrupción para que no le genere un perjuicio ni a la administración ni al erario público”, pronunció.
Puntualizó que una vez aprobadas, la actual administración podrá detectar los actos de corrupción, evitarlos y en su caso castigarlos, “al final del día necesitamos aplicar las mejores prácticas internacionales que están probadas, por ejemplo la política de integridad empresarial. No estamos aquí para experimentar, estamos aquí para aplicar lo que ha funcionado en otros países”.
Subrayó el funcionario estatal que en este nuevo mecanismo, la ciudadanía tiene un papel fundamental, pues será ella quien denuncie cualquier acto irregular que detecte, “tiene más herramientas para vigilar al gobierno y para mantener en escrutinio aquellas áreas susceptibles de corrupción”.
La carencia de estas cuatro iniciativas generó, dijo, que el gobierno estatal entrante no tuviera la información a veces para perseguir los ilícitos o incluso para tomar decisiones elementales en los primeros días. Ahora con ello, la siguiente administración podrá tomar decisiones inmediatas en pro de la ciudadanía.
Manifestó su respeto hacia el Congreso local en la votación que es con mayoría absoluta (el 50% más uno), “estoy seguro que las y los diputados van a tomar la mejor decisión para el pueblo hidalguense”.
