Se obtuvo en Chihuahua, que ha sido punta de lanza en esta lucha.
Con la medida, se beneficiará a 329 mil niñas y niños, así como 10 mil estancias a nivel nacional.
Reconoce PAN a Poder Judicial por no someterse a designios del Ejecutivo.
Acción Nacional logró a través de sus legisladores que se publicara la jurisprudencia nacional en el tema de las estancias infantiles, con lo que se echa abajo el programa del Gobierno federal y se establece que operen con las reglas aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2018.
Esta medida impacta a 329 mil niñas y niños, así como a 10 mil estancias a nivel nacional, que recibían pagos mensuales de 950 pesos por niño, directamente mediante las instituciones y no a los padres, como era la intención del Gobierno federal.
Acción Nacional también reconoce el trabajo del Poder Judicial, que demostró su independencia del Poder Ejecutivo en este sentido y atendió los intereses de la sociedad y la justicia.
Y es que con esta jurisprudencia, todos los jueces del país tendrán que otorgar la suspensión definitiva a la medida impuesta por el gobierno de López Obrador y regresar a las prácticas del año pasado.
Esta causa en favor de la niñez de México, fue promovida en Chihuahua con la presentación de 176 amparos que solicitaban la reinstalación del programa de Estancias Infantiles.
A nivel nacional, se presentaron más de 4 mil amparos, de los cuales 511 tienen suspensión definitiva. Estas acciones fueron promovidas por Acción Nacional, pero también se sumaron los esfuerzos de otros partidos, así como de la sociedad civil.
En el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 del Gobierno de la República, se otorgaban 1,600 pesos bimestrales directamente a los padres lo cual podía ocasionar que utilizaran el dinero en otras necesidades.
Además cuenta con un censo muy mal elaborado, sin rigor metodológico y dejaba a los niños en situación vulnerable.
Es por ello que Acción Nacional se dio a la tarea de atender los principios del interés superior de la niñez, plasmados en la Constitución, y promover la progresividad de las políticas de desarrollo social que no deben ser regresivas.
En caso de que el gobierno federal no cumpla con esta sentencia, entraría en desacato, lo cual ya está ocurriendo en algunos casos, pues los jueces directamente han denunciado ante el Ministerio Público a quien resulte responsable.
