REBASAN A SLP EN PENAS POR NO ACATAR ENCIERRO.
Mientras que el gobierno de San Luis Potosí estableció como medida adicional para reforzar la estrategia ante la fase 3 de la epidemia de COVID-19 el uso obligado del cubrebocas bajo algunas circunstancias, otras 24 entidades han emprendido acciones restrictivas más agresivas para inhibir la movilidad de las personas, situación que los Servicios Estatales de Salud reconocieron que había crecido en la entidad.
Una revisión a los sitios oficiales de los estados arrojó que de esas 24 entidades, trece multarán a los ciudadanos que violen las disposiciones sanitarias, incluyendo el estar en la calle sin causa justificada; en siete estados, se incluyen penas de encierro para los que no obedezcan las medidas de aislamiento y seis impusieron estrategias para inhibir la movilidad vehicular, incluyendo los retenes sanitarios.
Por otra parte, San Luis se sumó a otras 14 administraciones estatales que ya habían ordenado la obligatoriedad de las mascarillas sanitarias.
En la conferencia de prensa de los SES de ayer, su titular, Mónica Rangel Martínez reportó un alza en la movilidad en la última semana, sobre todo de recreación y esparcimiento con un alza porcentual de 13 por ciento, es decir, personas que salen a correr, pasear al perro o ir a visitar a conocidos en las inmediaciones del lugar de residencia.
Sin embargo, como medida adicional a las ya conocidas (lavado de manos frecuente, estornudo “de etiqueta”, sana distancia) la secretaria solo incluyó el uso obligado de la mascarilla sanitaria como reforzamiento para la fase 3. Y eso con algunos matices, pues sólo será obligado en el transporte público y centros comerciales, oficinas gubernamentales y de empresas. Sin embargo, desestimó su uso en áreas abiertas.
En contraste, otros estados, como Coahuila, Baja California Sur, Quintana Roo y Tlaxcala, hicieron su uso obligatorio no solo en interiores, también en la vía pública. No hacerlo es motivo de sanciones en esas entidades, incluyendo arresto.
Entre las entidades que han emprendido las medidas más severas, están Coahuila, en donde el traslado de dos o más personas en una unidad sin causa justificada genera sanciones de hasta 590 mil pesos. Yucatán, por su parte, impondrá hasta tres años de cárcel a quienes no acaten las medidas de resguardo.
En Baja California Sur, los infractores de la cuarentena deben elegir entre multas o servicio público, que incluye la limpieza en hospitales.
Con Información de Rubén Pacheco / PULSO.
