Hay una crisis de seguridad pública que gobierno del estado minimiza. A pesar de la contundencia de los datos que muestran el tamaño de la tragedia no aceptan la gravedad del problema.
Cerrarse no ayuda a encontrar soluciones. Echar la culpa a organizaciones criminales extranjeras o al nuevo Sistema de Justicia Penal son cuentos que nadie se traga. Argumentar que otros estados están peor que nosotros es justificación inadmisible.
La inseguridad reina impunemente. Sus efectos son desastrosos. Ello aumenta la crítica y el reclamo ciudadano. Y ante la presión los responsables acuden al reparto de culpas y se atrincheran en soluciones que ya han probado ser ineficaces.
Ya son parte del paisaje urbano las ejecuciones, balaceras, robos y secuestros. Y ante esta maldición de nueva cuenta se acude a las justificaciones y evasivas. No encuentran como justificar su incapacidad. Inventan interpretaciones fantásticas. Tienen siempre a la mano un catálogo de lugares comunes para esquivar su responsabilidad.
Cuando los periodistas cuestionan sobre los altos índices de inseguridad que nos agobian, se ponen a la defensiva: “Es un fenómeno nacional” “La delincuencia viene de fuera” “Es el efecto cucaracha”, “No negamos que exista el problema pero la estamos combatiendo”. Pretextos para disfrazar su ruina.
Lo cierto es que la inseguridad ha crecido exponencialmente provocando incertidumbre y miedo. Los criminales nos están robado la paz y tranquilidad cotidiana. Una sensación de desamparo empieza a dominar nuestra vida.
Un día sí y otro también ocurren balaceras, ejecuciones, levantones y robos. Nos desayunamos leyendo en los periódicos o escuchando en la radio que rafaguearon un antro, que secuestraron a un ganadero, que extorsionaron a un comerciante, que apareció una joven muerta o que ejecutaron a policías. Y ante este cuadro de desolación salen a escena patéticos voceros de gobierno a intentar engañarnos con patrañas.
Los datos duros que reportan las instituciones encargadas de medir la inseguridad muestran que gobierno del estado ha fracasado en esa fundamental responsabilidad de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Están pasmados. No dan pie con bola.
Las cifras no mienten. 2017 ha sido el más inseguro de los últimos cinco años. Más de 30 mil 157 delitos cometidos. Ninguna de las principales categorías delictivas incluidas en el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al mes de octubre presenta una disminución. Por el contrario, con tres mil 027 denuncias presentadas el mes pasado la delincuencia superó su marca. Le siguen ganando terreno a la autoridad. De nada sirve que el Estado tenga “el monopolio legítimo de la violencia”. No han tenido la capacidad usarla para someter a los criminales.
Al hacer un comparativo mensual, el delito que más se elevó fue el de homicidios con un 21.3%. Octubre resultó ser el mes más violento en lo que va del año con 74 casos. Hubo un incremento del 20% en violaciones, y un 16% en robos. Y cuando se equiparan los resultados acumulados de este año con los de 2016, el incremento total es del 28.9%. En algunos casos, las incidencias han crecido la mitad o más, como ocurre en el robo, que creció 53%, o los homicidios y las violaciones, que han crecido 50%. En secuestros ha habido 33% más en este 2017 que el año pasado. Los delitos patrimoniales subieron 13.2 por ciento y las lesiones, 11.7 por ciento.
Los datos son contundentes y no hay forma de maquillar una realidad teñida de rojo.
Con toda razón desde la sociedad se alzan voces exigiendo al gobernador que ponga un alto a esta degradación de nuestra vida pública. El miedo colectivo se ha convertido en reclamo y hartazgo.
Voceros de la Iniciativa Privada, diputados locales, dirigentes de partidos y líderes de opinión exigen cambio de funcionarios y renovación de estrategias para recuperar la paz y tranquilidad perdidas.
Pareciera que no hay disposición de atender el reclamo. Insisten en mantener las mismas recetas y a los mismos funcionarios. Se realizan reuniones de Gabinete de Seguridad para evaluar y acordar acciones pero los resultados son los mismos. Estrategias fallidas, magros resultados e incremento de índices delictivos.
Es evidente que el modelo de seguridad que aplican ya no funciona. Incluso lo básico no se cumple. Falta coordinación entre las policías estatales y municipales. En especial resulta evidente de que las Alcaldías de la Capital y Soledad de Graciano Sánchez no colaboran con el gobierno estatal por
razones de incompatibilidad política. Esto a pesar de la obligada corresponsabilidad entre poderes y órganos de gobierno.
La capacitación e incorporación de nuevos policías camina muy lenta. El equipamiento es precario e insuficiente. Los policías de carrera están envejeciendo y ganando peso. Las tareas de inteligencia son insuficientes o de plano fallidas. Hay casi la mitad de elementos comisionados a trabajos administrativos o custodiando a funcionarios y los que operan en campo son insuficientes y sin mística. La seguridad social que protege a los policías (Sueldos, seguros de vida y prestaciones) son muy poco estimulantes para generar lealtades y compromisos con un trabajo peligroso que puede arrebatar la vida. Así no hay modo de superar la crisis.
TAMBIEN HAN FALLADO OTRAS INSTITUCIONES.
Pero la inseguridad que vivimos no es sólo un asunto de policías y ladrones. La crueldad con que se comportan los criminales se nos rebela como un síntoma siniestro de una descomposición social más grave que tiene que ver con el agotamiento de las funciones encomendadas a instituciones como la familia, el sistema educativo, las Iglesias y los medios de comunicación.
La desintegración de las familias, la debilidad de la educación cívica en las escuelas, el debilitamiento de la credibilidad en las Iglesias y sus dogmas y la apología del crimen que hacen los medios masivos de comunicación han contribuido a esta degradación.
La falta de oportunidad de progreso económico para los jóvenes, la marginación y pobreza de millones de mexicanos producto de un modelo económico que produce pocos ricos y muchos pobres, también está en la raíz del problema de inseguridad.
El resentimiento social y la frustración de las masas carentes de esperanza, la indiferencia de muchos que prefieren resguardarse en el individualismo de una existencia inauténtica y la indolencia e ineficacia de los gobiernos contribuyen igualmente a nutrir a la bestia de la inseguridad.
Es verdad que gobierno del estado ha fallado, pero no es el único. Hay otros responsables de que vivamos un infierno en la tierra.
CARAS Y CARETAS.
l. La ejecución de dos efectivos de la policía estatal en la colonia La Virgen, de Soledad de Graciano Sánchez es un abierto desafío de la delincuencia a las autoridades. Lamentable pérdida de dos servidores públicos en el cumplimiento de su deber. Que descansen en paz. Mi más sentido pésame a las familias.
II. Caso Karla Pontigo. Amnistía Internacional, México, ha echado sal en la herida al hacer evidente la impunidad que propicia la ineficiencia de las instituciones de procuración e impartición de justicia en nuestro estado. A 5 años de ocurrido el fallecimiento de esta joven se exige que el gobierno de San Luis Potosí asuma su responsabilidad para evitar que quede impune y que además la muerte de Karla sea investigada con los más altos estándares internacionales en materia de género.
