- PONE EN RIESGO A INSTITUCIONES PRIVADAS, XAVIER AZUARA.
- DE INMEDIATO DEBEN PRESENTARSE AMPAROS, SEÑALA.
La Ley de Educación aprobada en el Congreso pone en riesgo no solo a las instituciones privadas, sino a la educación en el Estado, por tratarse de una “ley control”, elaborada a espaldas de la sociedad, que viola las garantías constitucionales por lo que será impugnada ante las autoridades competentes, tanto por partidos políticos como legisladores federales y locales, que ya anunciaron que promoverán amparos para que se declare la inconstitucionalidad del acto.
La nueva legislación, comparada con la “Ley Barbosa” de Puebla, fue aprobada el pasado 14 de mayo por la mayoría del pleno legislativo; iniciativa que fue presentada tan sólo 14 días antes, el 30 de abril, por los diputados María del Consuelo Carmona Salas, Martha Barajas García, Mario Lárraga Delgado, Pedro Carrizales Becerra, Eugenio Govea Arcos, Cándido Ochoa Rojas y Ricardo Villarreal Loo.
El ordenamiento viola los derechos humanos y principios básicos, como lo son: el derecho a la educación democrática y de calidad, autogestión, respeto a la propiedad privada, existe ambigüedad y falta de criterios para cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, sustentabilidad e higiene, de acuerdo a lo manifestado por el abogado Luis González Lozano, por lo que puede ser impugnado mediante un juicio de amparo, dijo.
En su artículo 94 establece que «los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal».
Es decir, le abre la puerta a que los muebles e inmuebles queden en manos del Sistema Educativo Estatal, a costa de quienes han trabajado años para tener escuelas privadas que brinden educación de calidad, manifestó el diputado federal Xavier Azuara, al precisar que la reforma aprobada en San Luis Potosí es raíz de una propuesta enviada por SEP a todos los Estados
Adelantó que se analizarán desde la Cámara de Diputados las vías legales necesarias, pues esta Ley ya avanzó en varios Congresos Locales y remarcó que de seguirse aprobando el texto de la SEP en los Estados, se pondrían en riesgo las instituciones privadas a nivel nacional.
Ante esto, dijo que la acción inmediata será presentar amparos bajo la directriz del Comité Directivo Estatal del PAN y en coordinación con los legisladores locales para apoyar y proteger a los colegios privados que serán afectados en el Estado.
Juan Francisco Aguilar, dirigente estatal del PAN, manifestó que la nueva Ley “pone en riesgo la educación en el Estado y no abonaba a mejorar los avances en la materia, a demás de dar libertad para expropiar edificios educativos”, destacó.
Manifestó que, al igual que la “Ley Barbosa”, no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación y, se van a presentar acciones de inconstitucionalidad que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El diputado local Oscar Vera, adelantó que promoverá que cada institución privada que se sienta agraviada promueva juicios de amparo y de inconstitucionalidad contra esa reforma legal, tras reconocer que “la ley nos pasó de noche, incluso a los diputados que leemos”.
Sostuvo que el ordenamiento está mal redactado, pues señala en uno de sus párrafos que “aquellos trabajadores de escuelas particulares que se dedican a la educación pasarán a formar parte del Estado”, lo cual es falso.
Propuso, recurrir a juicios de amparo, para resolver la controversia que está generando esa reforma educativa y se ofreció a tramitarlos, como abogado, en forma gratuita, «para que se declare la inconstitucionalidad del acto».
Por su parte, el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Rolando Hervert Lara, manifestó que el nuevo ordenamiento afecta y pone en riesgo a la educación privada e indicó que por eso los diputados del PAN votaron en contra.
Anunció que a través de su instituto político promoverán acciones legales para dejar sin efecto que se permita la expropiación y el uso de las instalaciones de los Colegios Privados y que se hagan las correcciones pertinentes.
