“La mujer, nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, como los negros, de estupidez congénita. Y ha sido condenada, como ellos, a los suburbios de la historia”.
El rio de sangre que atraviesa las avenidas de nuestra ciudad lleva abundante caudal. Corre la sangre a raudales. Un día sí y otro también nuestros caminos se llenan de muertos.
Vivimos tiempos apocalípticos. Las pulsiones de muerte y destrucción se han apoderado de nuestra vida cotidiana. Mentes criminales gobiernan las calles. Los demonios andan sueltos.
¿Y nuestras autoridades?, Bien gracias. Ya se sabe. Minimizando el problema o de plano escondiendo la cabeza como avestruces.
En los primeros 15 días de este año han asesinado a 6 mujeres. Su ejecución se ha hecho con saña. Son crímenes que pudieron evitarse si existiera capacidad, compromiso y voluntad de nuestras autoridades.
Son las muertas de este gobierno. Nuestras muertas. Porque San Luis Potosí se ha convertido en un gran cementerio para las mujeres. Las potosinas no tienen derecho a una vida libre de violencia. Aunque haya leyes, instituciones, protocolos y funcionarios que tienen la responsabilidad de dar vida a esta ampliación de derechos para las mujeres.
La capital del estado y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala concentran los más altos índices de violencia contra las féminas. En sus territorios se ha mostrado con mayor crueldad la violencia feminicida.
Son crímenes por razones de género. No hay duda. Aunque a las autoridades le moleste admitirlo.
Las muertas son mujeres que fueron martirizadas. Sus cuerpos maltrechos y ensangrentados dejan ver la misoginia de los verdugos. Los sicarios se subliman matando sin piedad porque saben que no recibirán castigo. Desafían y se burlan de la autoridad. El alto índice de violencia en nuestras calles está asociado a la impunidad que brinda la ineptitud de la nueva Fiscalía General del estado. Los responsables de atrapar a los criminales se la pasan justificando su torpeza.
Es inocultable que existe un fenómeno de violencia contra las mujeres en la entidad. Éste se caracteriza, entre otras cosas, por una falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, circunstancia que propicia impunidad en crímenes con fuerte presunción de feminicidios.
A pesar de los cambios en los mandos de seguridad pública en el estado, la violencia no para. Ahora sabemos que no sólo era cuestión de cambiar a los responsables de cuidar nuestra seguridad. Queda claro que no hay una política anticrimen que este siendo eficiente. Que este gobierno sale debiendo a la sociedad. No hay coordinación, inteligencia, capacitación, equipo, ni atención oportuna a las víctimas.
Ya desde mediados de 2017 se advertía del incremento de los índices de violencia criminal. En lo que va de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, poco más de dos años, la cifra de asesinatos se ha disparado hasta las nueves. Los muertos no son sólo integrantes del crimen organizado como se nos ha hecho creer. Hay ciudadanos – hombres, mujeres y jóvenes – que han sido víctimas de la violencia desenfrenada.
Es alarmante que desde los primeros días de 2018 la ocurrencia de hechos de sangre pinte de rojo el panorama de este año. Y más preocupa que ahora las víctimas sean mujeres y que los responsables directos de atender estos casos no muestren interés ni compromiso con las víctimas.
En los primeros 16 días de 2018 ha habido 6 asesinatos de mujeres. Ante estos trágicos acontecimientos el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías eligió esconderse. Confirma con ello su estilo escurridizo en tramas que son de su competencia.
Por irresponsable Leal Tovías ha sido duramente regañado por la diputada Josefina Salazar.
Molesta le ha recriminado que en los siguientes términos: “Es 16 de enero y no he visto en ningún lado que el Secretario General de Gobierno se pronuncie por los seis feminicidios que han sucedido en lo que va del año. No he visto en ningún momento que salga a decir que tiene el compromiso con las mujeres de San Luis Potosí y por su seguridad. No ha sido para dar la cara y refrendar su compromiso de que la alerta de género se va a implementar correctamente en el Estado”.
El reclamo es justo. No es correcto que este funcionario practique la política del avestruz. Los 6 feminicidios cometidos en los primeros 15 días del año deberían obligarlo por lo menos dar el pésame a las familias y reconocer que hay un serio problema de violencia contra las mujeres en el estado.
En este como en otros casos el Caco Leal confirma un nuevo estilo de operación política: “La Caquiña”, lance virtuoso que consiste en evadir responsabilidades y dejar que otros funcionarios paguen los platos rotos. En el drama de los feminicidios su desdén ha propiciado que se culpe injustamente a Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Una treta muy común en este funcionario.
Alejandro Leal Tovías es el presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres pero ni por esto fue capaz de hacer un posicionamiento ante la opinión pública en torno a los dramáticos asesinatos de las 6 mujeres masacradas en los últimos días.
Un rasgo de misoginia es promover desde las instituciones la invisibilidad de los derechos de las mujeres. Sobre todo cuando el derecho a una vida de libre de violencia no es garantizada por el Estado y los funcionarios responsables de garantizarla.
