El Sistema Estatal Anticorrupción este naciendo desfigurado y falso. No hay en nuestro estado voluntad política para fundar instituciones creíbles, imparciales y autónomas que combata la corrupción. Desde el gobierno se empeñan en capturar para su provecho la Fiscalía General y la Fiscalía especializada en hechos de corrupción.
Nuestros funcionarios no quieren correr riesgos. Al apropiarse de estas Fiscalías están garantizando protección para el futuro. El pacto de impunidad que protege a la clase política seguirá gozando de cabal salud. La procuración de justicia y el combate a la corrupción seguirán siendo sueños de opio. Utopías inalcanzables.
Estamos ante una indiscutible regresión de nuestra vida institucional. Entre nosotros los demócratas y reformadores del Estado brillan por su ausencia. Quienes nos representan en los diversos cargos de elección popular no quieren ser protagonistas de la historia. Se han convertido en conservadores, en defensores del statu quo, en abogados de un régimen quebrantado que se resiste a morir. No leen los signos de estos tiempos, ni registran el humor social que reclama cambios radicales.
Los políticos que nos gobiernan se resisten al nacimiento de instituciones que funcionen como contrapesos ciudadanos frente a los abusos del poder. Simulan el cambio y promueven a representantes a modo que les garanticen que todo siga igual. Gatopardismo puro.
De ello fuimos testigos cuando se nombró al “Fiscal Carnal” que garantiza más de lo mismo en materia de procuración de justicia. Y ahora están a punto de repetirnos el tratamiento al elegir al fiscal que deberá combatir los actos de corrupción. Un episodio más de apropiación de instituciones que deberían gozar de autonomía.
En los próximos días los diputados procederán a nombrar, a propuesta del gobernador, a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Las ternas que ha enviado el Ejecutivo están integradas por protagonistas que, o son empleados del gobernador, o bien son militantes de un partido político.
¿Cómo creer entonces que estos prospectos serán imparciales y autónomos al ejercer tan delicadas funciones? Si son electos estarán al servicio de quien los favoreció y no al cuidado del interés ciudadano.
La credibilidad de las elecciones y el combate a la corrupción se arruinarán si prosperan las fórmulas enviadas por el Ejecutivo al Congreso del estado.
Destacados miembros de la sociedad civil ya se han manifestado en contra de que los próximos titulares de las Fiscalía Anticorrupción y Electoral tengan vínculos con partidos políticos o sean subalternos del gobierno actual.
Desgraciadamente dos de los propuestos tienen vínculo comprobado con un partido, Javier Montalvo y Jorge Vera. (PRI y Conciencia Popular). Incluso Jorge Vera se desempeñaba hasta hace poco como empleado del gobernador en una subsecretaria.
Salvo que hayan sido propuestos como relleno, lo que sería una perversidad, estas dos propuestas confirman la obsesión de controlar a funcionarios que están llamados a desempeñarse con soberanía y rectitud.
Está tenebrosa intención está provocando fuertes disputas al interior de los grupos parlamentarios. El PAN y otros partidos de oposición están descalificado con sobrada razón la pretensión de colocar en ambas Fiscalías a ciudadanos que llevan en la frente la impronta del gobernador.
El espíritu de las reformas legales que dieron vida al Sistema Anticorrupción no fue ese. Colocar a súbditos del gobernador en estos cargos es como poner la Iglesia en manos de Lutero.
Es probable que debido a los duros cuestionamientos contra los ahijados del gobernador no se consiga en el Congreso la votación necesaria para elegir a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Se necesita una elección por mayoría calificada, 18 de 27 votos posibles y no hay consenso.
¿Qué va a pasar entonces? ¿En que terminará todo esto?
Ante un nuevo rechazo, el gobernador procederá a designar de manera directa a los titulares de las dos fiscalías controvertidas.
Si esto ocurre se dañará aún más la credibilidad de éstos funcionarios ya que su elección no sería consecuencia de un proceso incluyente y abierto a perfiles independientes y ciudadanos.
CARAS Y CARETAS.
Escandaliza la galopante corrupción practicada por nuestra clase política.
Investigaciones recientes han revelado que rumbo a la elección presidencial de este año, 83 por ciento de los mexicanos perciben al PRI como un partido corrupto; 71 por ciento cree que el PRD lo es; 60 por ciento el PVEM; 56 por ciento el PAN; 53 por ciento el PT; 51 por ciento Morena, 50 por ciento, el Panal, y 42 por ciento Movimiento Ciudadano y el PES. Nadie se salva.
Lo malo es que no hay castigo para los corruptos, prevalece la impunidad, menos ocurre la reparación del daño.
En corrupción, México ocupa el lugar 95 de 168 países, según Transparencia Internacional.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y la OEA, el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y 10 por ciento del Producto interno Bruto. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía nacional, 10 se destinan a la corrupción.
La corrupción es un cáncer que está matando la credibilidad en el gobierno.
Llevamos años enterándonos de latrocinios cometidos por funcionarios rapaces.
