Por Magaly Montoya
La semana pasada, las críticas por la invitación del conductor Chumel Torres a un foro sobre discriminación y racismo organizado por Conapred y las declaraciones del presidente López Obrador sugiriendo desaparecer dicho organismo (declarando que ni siquiera sabía de su existencia) derivaron en la renuncia “de forma personal y voluntaria” de Mónica Maccise Duayhe como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Ahora la Asamblea Consultiva del Conapred envió al presidente seis candidatas para la presidencia de este organismo. Una de ellas es Amaranta Gómez Regalado: activista en favor de los derechos y la dignidad de los pueblos originarios, de las personas LGBTIPQA+, de las personas con discapacidad y de las personas con VIH.
Amaranta fue propuesta para el cargo por la Coalición Mexicana LGBTTTI+ (integrada por más de 200 organizaciones, colectivos y activistas de los 32 estados del país), quienes declararon la importancia de tomar “en consideración a aquellos perfiles cercanos a la sociedad civil organizada y con amplia experiencia en el combate al racismo, (…) la discriminación por origen étnico, tono de piel, discapacidad visible o invisible, orientación sexual, condición de salud, expresión o identidad de género, característica sexual o de cualquier otra índole”.
Amaranta Gómez es una activista muxe de Juchitán, Oaxaca. Para ella, el ser muxe es pertenecer a “una identidad que se construye en un cuerpo masculino pero con un espíritu femenino”. Fue la primera muxe en participar en una elección como candidata a diputada federal y actualmente es integrante de La Asamblea Consultiva del Conapred. Es debido a su trayectoria que la Coalición Mexicana LGBTTTI+ manifestó su respaldo a Amaranta, quien cumple con el perfil para encabezar la organización.
Además de Amaranta, se sugirió a Marcelina Bautista Bautista, Fátima Leonor Gamboa Estrella, Larisa Ortiz Quintero, Zenaida Pérez Gutiérrez y María Sánchez Álvarez para ocupar el puesto, pero la decisión del nombramiento recae únicamente en el presidente López Obrador, quien ya había declarado que nombraría a una persona proveniente de las comunidades indígenas del país.
