ACTIVISTAS CELEBRAN PROCESO A EXALCALDE DE CIUDAD DEL MAÍZ; DEMANDAN ACCIÓN EN OTROS CASOS
Si bien la vinculación a proceso de cuatro funcionarios es un avance hacia la erradicación de la corrupción en San Luis Potosí, cuyo procedimiento se dio por el impulso de la ciudadanía, todavía falta por atender otros asuntos pendientes como la “ecuación corrupta” o el caso Sandra Sánchez Ruiz en la administración capitalina de Ricardo Gallardo Juárez, advirtieron organizaciones no gubernamentales (ONG) en favor de la trasparencia y rendición de cuentas públicas.
Por el delito de peculado, 4 funcionarios de la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, así como 3 proveedores, fueron vinculados a proceso por un juzgado con sede en Rioverde en días anteriores.
La “ecuación corrupta” es un caso de presuntos acuerdos para “limpiar” cuentas publicas irregulares de los Ayuntamientos, por parte de diputados de la Legislatura pasada, en tanto que el asunto “Sandra Sánchez Ruiz” aborda supuestas anomalías en la compra de medicamentos a una proveedora en el gobierno municipal capitalino 2015-2018.
Al respecto, Manuel Nava, integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), asentó que, si la ciudadanía de la citada municipalidad no hubiera insistido en las anomalías detectadas, no se hubiera logrado el progreso de las investigaciones.
El entrevistado matizó que todavía faltan muchos procesos por desahogarse, tales como los antes referidos, por lo tanto, la presenta “probadita” contra la corrupción es un aliciente, pero la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Anticorrupción deben continuar en hacer resarcir el daño causado al erario “y con eso recuperaríamos la confianza en las autoridades”.
“Dada la dimensión de la corrupción y todo el trabajo hecho de poder conseguir que haya justicia en estas desviaciones producto de la ecuación corrupta, es un logro de la ciudadanía más que, de la Fiscalía de que se haya llevado a proceso a estas gentes”, dijo.
Por separado, Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, aseguró que el capítulo Ciudad del Maíz del FCA presentó una denuncia ante la ASE en octubre 2018, pero el ente fiscalizador no “hizo nada” y la congeló.
El activista advirtió que dada la fragilidad del nuevo sistema de justicia penal, los ex funcionarios no “pisarán” la cárcel, pero al menos regresen el recurso malversado y sean inhabilitados “unos 30 años”.
Con información de Rubén Pacheco / PULSO.
