El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la nueva Ley General de Educación Superior, en la que se establece el financiamiento gradual de su impartición a partir del próximo año.
Con 400 votos a favor, 47 en contra del PT y 2 abstenciones, se avaló sin cambios la minuta del Senado, aunque se revisarán los artículos reservados.
Con la nueva ley se establecen las bases para ampliar la matrícula en las universidades del País, pero ello dependerá de la disponibilidad financiera que determine la Secretaría de Hacienda.
“La gratuidad de la Educación Superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023, sin detrimento de las acciones que se realicen con la entrada en vigor de la ley”, cita la nueva ley.
Se establece que la Secretaría de Educación propondrá, en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, un programa de Ampliación de la Oferta de Educación superior a Nivel Nacional, Regional y Estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, a más tardar en 2022.
Se obliga al Ejecutivo federal a emitir el Programa Nacional de Educación Superior, a propuesta de la SEP, a más tardar en el año 2022, en términos de la ley de planeación y otras disposiciones.
Cada año se deberán aportar recursos para financiar la amplitud de la matrícula en Educación Superior.
“La Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, conforme a la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la Educación Superior y al principio de gratuidad en la educación
“En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables”, cita el dictamen aprobado en lo general.
Se indica que en la integración de los presupuestos correspondientes, de conformidad con la disposición presupuestal, se contemplarán los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas de educación superior.
También se prevé la creación de un Fondo Federal Especial para financiar la impartición obligatoria de la Educación Superior, independientemente de las asignaciones presupuestales que se aprueben cada año para el gasto ordinario de las universidades.
“Los recursos para dar cumplimiento a la asignación presupuestal en un Fondo Federal Especial, se deberán prever en el Presupuesto de Egresos del 2022 y subsecuentes.
“El Fondo se considerará en el Presupuesto de Egresos del 2022, sin menoscabo de las previsiones de gasto que se realicen con la entrada en vigor del decreto, hasta en tanto se aseguren a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, se deberá prever cada año.
Además, se indica que en los correspondientes presupuestos de Egresos de las entidades federativas, éstos deberán incrementarse cuando se presente una variación positiva de la estimación de los ingresos previstos en las respectivas iniciativas de leyes de Ingresos de las entidades federativas y de la Federación.
En la discusión, la bancada del PT se manifestó contra la Ley General de Educación Superior al considerar que se fomenta la educación privada y no se garantiza su gratuidad.
“Lamentablemente, lo que tenemos ahora es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes.
“El Secretario (Esteban) Moctezuma fue un actor relevante en la mercantilización y privatización de la educación. Como representantes de los empresarios y grandes trasnacionales que ven en la educación tan solo un negocio, una educación de sálvese quien pueda, una educación ciega a las injusticias y a la desigualdad social”, argumentó el diputado petista Alfredo Femat.
La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, defendió que la ley ayudará a aumentar la cobertura de la Educación Superior, que llega a solo el 30 por ciento de los jóvenes del país.
Peña negó que se mercantilice con la educación superior y aseguró que ahora sí habrá una regulación para la educación superior privada, lo que llevará a que desaparezcan las universidades “patito”.
