LA PRÓXIMA REFORMA ELECTORAL RENOVARÍA AL INE Y AL TEPJF, ADEMÁS DE REDUCIR AL MÍNIMO EL FINANCIAMIENTO FEDERAL QUE RECIBEN LOS INSTITUTOS POLÍTICOS.
CIUDAD DE MÉXICO.- Rumbo a la segunda mitad de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador alista una reforma electoral que tocará el bolsillo de los partidos políticos.
Además de plantear la renovación de los consejeros del INE y de los magistrados del TEPJF, la iniciativa que prepara el titular del Ejecutivo federal busca reducir sustancialmente el financiamiento público al PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que para 2022 ya tienen aprobado un presupuesto conjunto de cinco mil 821 millones de pesos.
Quienes conocen las líneas generales de la iniciativa presidencial indicaron a Excélsior que el tema central de la reforma electoral es el gasto que se hace a partir del presupuesto federal, que incluye la reducción de los 200 diputados plurinominales, considerados una sangría al erario. En este mismo renglón están los salarios de los consejeros del árbitro electoral.
Las otras reformas a las que apostará, según ha anunciado el propio López Obrador, son incorporar la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena y otra para garantizar que en la generación y el despacho de energía se privilegie a la CFE.
EL PRESIDENTE VE GASTO EXCESIVO DE LOS PARTIDOS
Para la segunda mitad de su mandato constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en el tintero temas de capital importancia para terminar de armar la cuarta transformación del país:
La reforma electoral, revocación de mandato —a celebrarse por primera vez en la historia de México en abril del próximo año—, inscribir a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma eléctrica.
La reforma electoral, más allá de la renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el recambio de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ha pedido el jefe del Ejecutivo Federal, por considerar que “no son demócratas”, su importancia radica en el dinero: el de los partidos políticos nacionales y los funcionarios del INE que ganan más que el presidente.
La iniciativa del presidente López Obrador contempla reducir sustancialmente las aportaciones federales al PAN, PRI, PRD; Verde, PT, MC y Morena. Hace veintiún días, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos como financiamiento público para los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2022.
El 7 de agosto de 2019, el presidente López Obrador reprochó el presupuesto asignado a los partidos políticos (…) “no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos (…) ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, dijo entonces cuando se asignó el presupuesto para el 2020 que fue de 5 mil 239 millones, mil 651 pesos.
Quienes conocen las líneas generales de la iniciativa presidencial señalan que en el tema central de la reforma electoral es el gasto que se hace a partir del presupuesto federal en lo que tiene puesta la mira el Ejecutivo Federal, que incluye la reducción de los 200 diputados plurinominales, que también son una sangría al presupuesto de la Federación.
En este mismo renglón están los salarios de los consejeros del INE. En el contexto de la consulta popular 2021 y la pugna contra el INE por no difundir este ejercicio de democracia participativa, ya que el INE no contó con el presupuesto solicitado, el Presidente dijo el 21 de junio pasado:
Y para la difusión de la consulta el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos; es de 20 mil, pero la mitad se les da a los partidos, que también eso hay que corregirlo, pero para el aparato son como 10 mil millones, es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental; si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”, dijo.
El 16 de agosto pasado—después de las elecciones del 6 de junio y la consulta popular 2021—, fue cuando anunció su intención de mandar una iniciativa de reforma electoral, en su conferencia mañanera dijo, “Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral.”
Entonces fue que planteó la salida de consejeros y magistrados. “(…)sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias”.
Subrayó que “tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país, nosotros tenemos ese compromiso. Si luchamos durante años para hacer valer la democracia, cómo es que llegamos y dejamos lo mismo, aceptamos que el tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que pusieron, de los que nombraron a sus integrantes. ¿Cómo? Mas con todo su comportamiento, faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla”.
Todas esa son las pistas más claras que el presidente López Obrador ha dejado como constancia de por dónde se perfila la reforma electoral que buscará en esta segunda parte de su mandato, junto con la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena.
El 16 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentaría una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, forme parte de la Defensa Nacional. Para tal efecto, la Sedena ya empezó a hacer distintos cambios.
Como parte de esta recta final, el Presidente de México tiene planteada, desde julio pasado, una reforma eléctrica, con la idea de garantizar la generación y el despacho de energía privilegiando el interés público.
Al iniciar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, hoy, el Presidente de México tiene la oportunidad de enviar una reforma preferente a los legisladores, aquí ahora tiene tres en el tintero.
