San Luis Potosí se encuentra el noveno lugar nacional en la venta ilegal de combustible, acorde a lo informado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP), en donde estarían involucrados empresarios gasolineros, autoridades de Pemex u otras personas, entre ellas presuntamente un ex diputado local, lo cual estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo a la UIF, el lavado de dinero, vinculado al robo de combustible «huachicoleo» a nivel nacional, generaba ganancias ilícitas por 10 mil millones de pesos. En San Luis Potosí, la estimación es de 105 millones de pesos, en estaciones diseminadas en cinco municipios.
El Estado potosino se ubica en el noveno lugar en la venta ilegal de combustible, con 378 reportes considerados como relevantes, por 105 millones 414 mil 439 pesos en donde se encontrarían 19 personas implicadas en supuestas operaciones ilícitas que se realizan en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde, Ciudad Valles y Matehuala.
De manera general en las investigaciones que realiza la UIF en todo el país se encontrarían involucradas en el robo de combustible o huachicoleo 2 empresarios, 3 ex diputados locales, 3 ex funcionarios de Pemex y 4 ex presidentes municipales.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tovías, dio a conocer que sería la Fiscalía General de la República la instancia que le correspondería investigar la supuesta red de lavado de dinero relacionada con el huachicoleo en el Estado.
Precisó que no compete al nivel estatal, inferir dónde se gestaba esa red de lavado, las estaciones involucradas, sus propietarios, o si el robo era cometido desde la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX en San Luis Potosí. Porque es -atajó- una investigación del Gobierno Federal, y la llevan con sigilo.
Por otra parte, cabe recordar que el 7 de diciembre del 2018, el ex diputado local José Luis Romero Calzada, presentó ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de una posible orden de aprehensión, la cual quedó registrada bajo el expediente 1285/2018.
El pasado 3 de enero el Juzgado Federal negó la suspensión del acto reclamado, aunque en lo que se refiere al caso de las autoridades foráneas seguiría en una audiencia incidental programada para el 29 de enero.
