JAIME PINEDA ALCANZARÍA MÁS DE 12 AÑOS DE PRISIÓN: FGE
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Conteras, reveló que el arrendamiento de una vivienda en una zona residencial (Villa magna), así como el uso personal del inmueble, son los motivos por los cuales fue detenido, el ex secretario de seguridad pública (Ernesto N.). Además, advirtió que si dentro de las investigaciones surgen más personas involucradas e incluso actuales funcionarios de cualquier nivel, se procederá conforme a la ley.
Recordó que los delitos por los que se generó la orden de aprehensión son: ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas, y uso ilícito de las atribuciones y facultades. “Evidentemente estos hechos ameritan, una vez que concluya el proceso, la imposición de una sentencia condenatoria; si es así, la pena de prisión, multa, reparación del daño.
Tomando en consideración uno de los delitos, es de hasta 12 años de prisión, pero pueden aumentarse las penas por los otros ilícitos. Además, será hasta el próximo 17 de febrero cuando continué la audiencia inicial, en donde la Fiscalía solicitará la vinculación a proceso del señalado”, finalizó.
En entrevista con los medios de comunicación, explicó que de acuerdo a la investigación que se tiene, “es la renta de un inmueble que fue rentado para oficinas, sin embargo, se le dio un uso distinto al que estaba destinado y que era pagado con recursos públicos.
El abogado del Estado, indicó que “Tenemos la detención por cumplimiento de una orden de aprehensión que se obsequió por parte de un Juez de Control, y la Fiscalía lo solicitó por tres delitos, en contra del ex secretario de seguridad pública, en donde el día sábado se llevó a cabo la primera parte de la audiencia inicial”, aseveró.
Ruíz Contreras, señaló que el daño patrimonial por el probable uso indebido del inmueble, podría ser de entre 3 y 4 millones de pesos, al darle un uso de casa habitación cuando eso no era lo establecido. “Es una cantidad importante, tomando en consideración los depósitos que se hicieron por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y que se utilizó un inmueble que, de acuerdo a la contratación, estaba destinado para oficinas públicas cuando se le dio otro destino “, agregó.
