EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PRI COBRAN TAMBIÉN COMO TRABAJADORES MUNICIPALES.
Coordinadores, subsecretarios y empleados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, cobran doble sueldo: como funcionarios del PRI y como trabajadores del Ayuntamiento de la capital, del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) y hasta en el Congreso del Estado, incumpliendo la ley.
En un comparativo realizado por medios de comunicación en las páginas de transparencia del PRI, del Ayuntamiento, del Congreso y del CONAFE, se detectó que al menos ocho tricolores, desde octubre de 2021 y hasta finales de junio, además de laborar y cobrar su sueldo en el partido, también aparecían como empleados de las entidades públicas mencionadas.
Entre los mencionados empleados del partido que también laboran en el Municipio se encuentra el subsecretario de organización, Ricardo Breceda Torres; el Coordinador de Estrategia Digital, Miguel Mata Zúñiga y el titular de la Secretaría Jurídica, Luis Gerardo Pérez Mendoza.
El primero aparece en la nómina del Ayuntamiento como “Asesor A” en la delegación de La Pila, el segundo como “Jefe de Área C” en la delegación de Pozos mientras el tercero como “Asesor de la oficina de Regidores”.
Edgar Adán Lara Martínez, subsecretario de Acción Electoral, aparece en la nómina del Revolucionario Institucional con un sueldo de 20 mil pesos al mes y labora como asesor en el Congreso con un salario de 24 mil pesos, mientras que la titular de la Unidad de Transparencia del tricolor, Aleyda Lidoyne Jonguitud Austria, recibe 13 mil 258 pesos al mes en el PRI y es “Secretaria Ejecutiva de la delegación de San Luis Potosí” en el CONAFE con un salario de 25 mil 210 pesos mensuales.
El Artículo 132 de la Constitución Política del Estado señala que “Jamás podrán reunirse en una misma persona dos empleos públicos por los que disfruten sueldo, exceptuando los del ramo de educación. Los servidores públicos deberán de atender de tiempo completo las funciones de su encargo y no podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflicto de interés en relación a sus cargos”.