MAGISTRADOS Y CONSEJEROS APOYAN LA MANIFESTACIÓN QUE REALIZARON A LAS PUERTAS DEL STJE, NO HAN RECIBIDO SU QUINCENA.
Trabajadores, magistrados y consejeros del Poder Judicial de San Luis Potosí, se sumaron durante un plantón para demandar al gobierno del estado que cubra el pago salarial correspondiente a la quincena del mes de diciembre, así como demás prestaciones que no se pagaron en tiempo y forma en perjuicio de más de mil 500 personas.
Fue la mañana de ayer sábado cuando, un grupo de trabajadores se apostaron frente a las puertas del Poder Judicial del Estado, portando pancartas y lanzando consignas en contra del Poder Ejecutivo en razón de que no recibieron el pago quincenal de su salario, así como el bono navideño y demás prestaciones correspondiente a las obligaciones de fin de año.
Las y los trabajadores del Poder Judicial, manifestaron, “No venimos a pedir limosna, sino que se nos pague y el gobierno del estado está obligado a actuar con responsabilidad y respeto, porque sólo se le está exigiendo el pago de un salario que ya fue devengado”, manifestaron.
Advirtieron que de no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas, procederán conforme a la ley en contra del Gobierno del Estado como la parte patronal responsable de omitir el pago de los salarios de los trabajadores.
“Si no recibimos una respuesta satisfactoria y en base a esta omisión se podría configurar un delito en perjuicio de las y los trabajadores del Poder Judicial que e incluso ser encuentra tipificado en el artículo 297 fracción II, que comete este delito el patrón o prestador de un servicio que no depositen el salario de sus trabajadores”, refirieron.
Aseguraron que cuentan con el apoyo de la Magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en razón de que en esta situación laboral también los magistrados y consejeros se vieron afectados por el gobierno del estado.
Dijeron sentirse indignados por el trato y la postura del ejecutivo, por lo que no descartan recurrir ante la Fiscalía General del Estado así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
