El dirigente estatal consideró necesario tomar medidas ante los comprobantes fiscales falsos.
• Señaló que el uso de facturas falsas por parte de servidores y entes públicos han dañado gravemente a la ciudadanía.
El presidente del CDE del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández consideró que es urgente que los órganos fiscalizadores tomen medidas que permitan sanciones estrictas a los entes públicos que utilicen facturas falsas; además urge a los órganos fiscalizadores tomar medidas precautorias para combatir la evasión de impuestos.
Asimismo, lamentó los señalamientos que existen hacia la administración municipal pasada sobre el uso de facturas falsas, ya que consideró que el uso de estas han ocasionado un grave daño a la transparencia y al bolsillo de los ciudadanos afectando obras y acciones que impactan de manera directa en su economía.
El dirigente expuso la necesidad de impulsar la Ley que fue votada esta semana en la Cámara de Diputados y que permitirá aumentar de tres meses a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Lo anterior para permitir que no haya lugar a estas prácticas, especialmente en la función pública, donde los responsables financieros pasan por alto estas practicas con tal de lograr sus aspiraciones políticas.
Manifestó que esta es una medida que permitirá fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, pero que también permitirá erradicar la corrupción en la prestación de servicios y adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.
Aguilar Hernández, agregó que estarán respaldando las denuncias que presente el ayuntamiento de la capital contra quienes presuntamente hayan incurrido en el uso de estos documentos falsos para utilizar el dinero de toda la población en su beneficio.
“Lamentablemente San Luis Potosí sigue presentando este tipo de prácticas y es necesario que tanto los órganos fiscalizadores, como el Congreso del Estado y la Auditoria Superior del Estado tomen cartas en el asunto y apliquen la Ley de manera ejemplar para evitar que sigan afectando el recurso público, que debe aplicarse en la solución a los problemas que sufren los ciudadanos”; subrayó.
Indicó que según información dada a conocer en el Foro realizado en la Cámara de Diputados “Corrupción y empresas fantasma, propuesta de reforma legal para su combate eficaz”, el 70 por ciento de las facturas generadas por empresas falsas, son utilizadas por instituciones del sector público para desviar recursos, lo que consideró debe combatirse de manera frontal, “porque al final de la cadena, el daño mayor es para la ciudadanía que no recibe los beneficios de acciones y programas para mejorar sus condiciones de pobreza”; acentuó.
