ENTREGARON DINERO A CAMBIO DE SUPUESTA LEGALIZACIÓN DE SUS UNIDADES Y YA NO LOCALIZAN AL PRESUNTO GESTOR.
CANTIDADES QUE VAN DE LOS 18 MIL A LOS 45 MIL PESOS.
La promesa de legalización de vehículos de procedencia extranjera por parte del gobierno federal, ya generó las primeras “víctimas” en San Luis Potosí, pues varias personas entregaron dinero a cambio de la supuesta legalización de sus unidades y ya no localizan al presunto gestor.
Personas propietarias de vehículos de procedencia extranjera, denunciaron que han sido víctima de fraude por parte del dirigente de una organización social, quien les prometió realizar el trámite de legalización de sus vehículos y después de que le entregaron dinero y el título de sus automotores, éste ha “desaparecido”.
Las personas afectadas entregaron cantidades que van de los 18 mil a los 45 mil pesos para el supuesto trámite de regularización, a cambio, recibieron un escrito a manera de recibo, en el que se especifica la cantidad que pagaron, así como los documentos que entregaron: título original del vehículo, copia del INE y copia de un comprobante de domicilio, sin embargo no cuenta con la firma de quien recibió el recurso.
A estas personas se les prometió entregar la legalización de sus vehículos en un mes, pese a que el gobierno federal no ha informado la fecha para el inicio de las regularizaciones de los “autos chocolate”. En los recibos se precisa incluso el día en que les tenía que ser entregado el documento, por ejemplo a una persona que pagó 45 mil pesos el 3 de julio, se le prometió entregar la legalización el 3 de agosto.
Los afectados denunciaron que al no recibir su documento, han acudido a las oficinas ubicadas en avenida Universidad, donde hicieron los pagos, pero ya están cerradas, y al hacer estas visitas se han encontrado con más personas que tienen el mismo problema, hasta ahora han identificado entre 20 y 30 afectados.
Al menos tres personas ya presentaron una denuncia penal, mientras que otros no lo han hecho porque siguen con la esperanza de recibir su legalización, o porque temen represalias.
La acusación es contra Antonio Tirado Patiño, quien dice ser dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), organización que ya lo demandó por usurpación de identidad, fraude y falsificación de documentos.
