El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito resuelve la no existencia de esas acusaciones hechas por Guadalupe Argüelles Lozano.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó la no existencia de los delitos de secuestro y robo que le imputaban al exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez Martínez, en el proceso Penal 272/2018 que se le sigue.
De acuerdo a la información proporcionada por su equipo jurídico, encabezado por Tomás Mundo Arriasa y Víctor Alfonso Loyo Olivares, ante esta resolución, el exalcalde de Chicontepec solo enfrentará los cargos por lesiones, daños y privación ilegal de la libertad en contra de la exsecretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles Lozano, todos ellos en su modalidad de participación intelectual.
Actualmente, el exlegislador local pevemista lleva a cabo el proceso jurídico bajo arraigo domiciliario, y el pasado miércoles 8 de julio se realizó la audiencia en donde se dio esta resolución.
Al respecto, sus representantes legales advirtieron que este tema jurídico puede evolucionar a un asunto político, ante la existencia de un posible conflicto de intereses al considerarse que la titular del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, cae en esta posibilidad.
Esto derivado de que su hijo, Guillermo Benjamín Díaz Martínez, es presidente de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, cargo que se le otorgó durante la gestión de Argüelles Lozano, el cual sigue al frente de esta institución a la fecha.
Esta situación, pesa sobre el juez de control encargado del caso, Luis Roberto Juárez López, quien pudiera ser coaccionado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para emitir una resolución favorable a la extitular de la STPSyP, subrayaron los abogados.
No obstante, los representantes jurídicos de Manuel Francisco “N” confían deslindarlo de cualquier responsabilidad de los delitos que se le imputan, sobre todo el relacionado con la privación ilegal de la libertad de Guadalupe Argüelles Lozano y su esposo Gonzalo Vicencio Flores en 2017.
