REFORMAN CONSTITUCIÓN EN HIDALGO.
TAMPOCO PODRÁN SER REGISTRADAS COMO CANDIDATAS O CANDIDATOS A CUALQUIER CARGO DE ELECCIÓN POPULAR.
Integrantes de la LXV Legislatura proponen reformar la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público, ni podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular a personas sentenciadas por violencia familiar y deudores alimentarios, conocida como “Ley 3 de 3”.
En su oportunidad, en la exposición de motivos las diputadas Marcia Torres González, Elvia Sierra Vite y Lisset Marcelino Tovar, incluye a quienes hayan cometido el delito contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Marcia Torres mencionó que no es permisible que las personas dejen a la deriva y a su suerte a aquellas que depende de éste, pues no sólo se obliga jurídicamente a cumplir, sino que además es un deber moral y social el atender y velar por la seguridad y bienestar social de cada uno de los miembros de su familia.
En tanto, Elvia Sierra señaló que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas aspirantes a una candidatura postuladas por partidos políticos, no detentan antecedentes de conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género.
Lisset Marcelino, mencionó que el derecho alimentario son consideraciones legales y ante una separación se convierten en obligados y acreedores del derecho alimentario establecidos en los códigos civiles o familiares según sea el caso.
Al término de la presentación los diputados integrantes de los grupos legislativos del PRI, Morena, PT, Nueva Alianza, PAN y del Partido Verde Ecologista de México, se sumaron a la iniciativa para evitar que personas sentenciadas por violencia contra la mujer y deudoras alimentarias puedan ocupar un cargo público.
La iniciativa fue enviada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y resolución y de aprobarse, se reformaría el Artículo 17 Bis.
