LLEVA 2 AÑOS DE ATRASO PARA ADECUAR MARCO LEGAL, SEÑALA
El Congreso del Estado ha incurrido en una “flagrante omisión” en adecuar la legislación local para que se puedan crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y el Consejo Ciudadano en la materia, a más de dos años y medios de haber quedado establecido por las normas federales, señaló la diputada federal Érika Garza Gutiérrez en un exhorto hecho a las legislaturas de nueve entidades que no lo han hecho.
El exhorto al Congreso local aparece en un punto de acuerdo pendiente de trámite en la Cámara de Diputados, presentado el pasado dos de septiembre.
En el documento, la legisladora federal del PES recuerda que desde noviembre de 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que ordenaba la creación de la fiscalías estatales y consejos ciudadanos especializados en estas materias.
Los transitorios establecían las fechas límite para crear el consejo en febrero de 2018 y la fiscalía, en julio de ese año.
Es decir, que a dos años y medio y dos años, respectivamente, de vencidos los plazos, el Congreso potosino no ha cumplido con esa obligaciones.
Ni tampoco con la armonización de las normas legales de los estados con la federal.
La situación, dice la legisladora promovente del punto de acuerdo, es preocupante y una “flagrante omisión” que deja en el desamparo a miles de personas afectadas por este delito.
El exhorto pide a los Congresos omisos que lleven a cabo las medidas necesarias para crear ambas instancias.
Actualmente, es la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado la que investiga los casos de desaparición forzada en San Luis Potosí.
Con información de Jaime Hernández / PULSO.