El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernadores firmarán mañana el Acuerdo Nacional por la Democracia, con el que se pretende garantizar que las autoridades locales no tengan injerencia en el proceso electoral de este año.
De acuerdo con fuentes consultadas, el acuerdo al que convocó López Obrador el mes pasado también será firmado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como autoridad responsable de investigar los delitos electorales.
El Fiscal y los Mandatarios estatales están citados a las 11:30 horas en Palacio Nacional, para sostener un encuentro presencial con el Jefe del Ejecutivo. El acto de formalización del pacto sería privado.
Las fuentes adelantaron que Gobernadores de todos los partidos políticos han confirmado, hasta ahora, su asistencia, incluidos varios de la llamada Alianza Federalista y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.
De acuerdo con el programa del encuentro, en la reunión serán oradores la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la presidenta de la Conago y Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el titular de la FGR y el Presidente.
“Se invitó a los Gobernadores, a nombre del Presidente, para ratificar el compromiso de no intervención de los diversos ámbitos de gobierno en el proceso electoral. Serán cuatro oradores y la firma y ratificación del compromiso”, detallaron fuentes de Presidencia.
El pasado 23 de febrero, el Presidente propuso dicho acuerdo a los Mandatarios estatales para pedirles que no metan las manos en la elección intermedia del próximo 6 de junio y que, en caso de detectar ilegalidades o dinero sucio en el proceso, lo denuncien ante las autoridades.
En una carta de 12 cuartillas, también los exhortó a impedir la compra de lealtades o de conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente y a no solapar a “mapaches” electorales para establecer de manera definitiva una auténtica democracia.
“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas”, dijo.
“Y a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abundantes prácticas ilegales y antidemocráticas que tienen que quedar en el pasado de manera definitiva”.
Aunque inicialmente desató críticas, para el 1 de marzo ya sumaban 25 Gobernadores a favor del acuerdo y, al día siguiente, la Presidencia confirmó que la totalidad de los Mandatarios estatales se habían sumado al documento.
De gira en Ciudad Juárez, el Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, confirmó el encuentro de mañana con el Presidente.
“El día de mañana vamos a tener un acto con el Presidente de la República en Palacio Nacional, en donde está proponiendo un acuerdo nacional de blindaje electoral, precisamente para sacar del medro político, de la rentabilidad político-electoral los programas sociales o las políticas públicas”, informó.
Corral mencionó que Chihuahua siempre estuvo de acuerdo desde que se empezó a hablar del tema.
“Nosotros desde que el Presidente convocó al acuerdo en este sentido estuvimos de acuerdo en signarlo, pero agregamos que este tiene que ser transversal, a niveles de gobierno y a poderes de la Unión, y que tienen que estar ahí incluidos programas sociales federales y estatales, la transparencia del gasto público federal y local”, anotó.
El Jefe del Ejecutivo estatal consideró que tienen que estar debidamente delineados los límites en término de la comunicación política del Gobierno federal y de los gobiernos locales, precisamente para no caer en la propaganda o en la intromisión de la comunicación gubernamental en las campañas.
El Mandatario expuso que él y diversos Gobernadores esperan que estos aspectos estén incluidos en el acuerdo que se presentará mañana martes.
Con información de Pedro Sánchez Briones/Reforma.
