* CENSO DEL INEGI REVELA ESCASOS RESULTADOS EN FISCALIZACIÓN.
Con más de 300 auditorías realizadas a las distintas dependencias del servicio público potosino en 2019, apenas 17 funcionarios fueron sancionados; de ellos, sólo uno enfrentó la inhabilitación.
El módulo de Control Interno y Anticorrupción del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, publicado ayer por el Instituto, muestra los ínfimos resultados de la lucha anticorrupción en la entidad.
De acuerdo a la información, el año pasado, en San Luis Potosí se registraron 652 quejas y denuncias recibidas por los órganos de control interno por incumplimiento de obligaciones de funcionarios públicos.
Además, señala que hubo 313 auditorías realizadas el año pasado, de las cuales en 184 dependencias públicas en el estado se hallaron anomalías.
Conforme avanza la estadística, el universo de acciones tendientes a sancionar a los responsables de cometer esas anomalías se va reduciendo.
Así, sólo se registraron 43 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, que involucraron a 60 servidores públicos sujetos a procedimientos de responsabilidad.
Pero sólo 17 de ellos fueron sancionados. La mayoría, diez, con suspensión de empleo, cargo o comisión.
Tres recibieron una amonestación privada y dos más, una amonestación pública.
Un funcionario fue sometido a una inhabilitación y apenas uno más fue destituido.
Ese servido público que fue inhabilitado representa el 1.6 por ciento del personal investigado por presuntas anomalías en su labor gubernamental.
Con información de Jaime Hernández / PULSO.
