El Congreso del Estado rechazó por 24 votos a favor, una abstención y uno en contra, los 114 informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), de la cuentas públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y descentralizados, los 22 organismos operadores de agua potable y las 58 alcaldías, del ejercicio fiscal 2020.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia, quien leyó el dictamen de sus integrantes, Martha Patricia Aradillas, propuso rechazar los informes por graves inconsistencias en el proceso de auditoría de todas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020.
El diputado Edmundo Azael Torrescano, informó que él se opuso a la votación en general de todas las cuentas públicas, porque en la revisión solo se encontraban tres diputados y utilizaron solo 2 días para revisar 14 de la 114, sin que se sepa el procedimiento del resto de las auditorías.
José Ramón Torres se excusó porque fue presidente municipal de Rioverde. El diputado Alejandro Leal Tovías y el diputado Mauricio Ramírez Konishi pidieron la excusa de su voto por haber sido secretario general de gobierno y diputado local respectivamente.
El diputado Rubén Guajardo pidió la excusa de votar el dictamen del Congreso del Estado porque fue diputado y miembro de la Junta de Coordinación Política.
Pide corregir deficiencias y sancionar a los funcionarios.
El diputado de Eloy Franklin Sarabia pidió separar su voto particular en el ayuntamiento, porque fue regidor en la época.
El diputado José Antonio Lorca Valle informó que se ejercieron 50 mil 200 millones de pesos el año 2020, y solo devolvieron 3 millones de pesos mal ejercidos.
La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán reveló que fueron dictadas salvedades por la Auditoría Superior del Estado, sin que se cuente con la información para evaluar esas cuentas públicas, porque los entes obligados la negaron.
La presidente de Vigilancia, Martha Aradillas, explicó que fue necesario tomar una muestra de catorce expedientes de auditoría, para hacer un análisis minucioso del trabajo del órgano auditor, y para verificar el cumplimiento y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización, y de los principios fundamentales de auditoría gubernamental.
Martha Patricia Aradillas explicó que se pudo constatar el ejercicio de revisión deficiente, cuyos resultados yacen sobre la base de incertidumbre y duda, a todas luces apartada la realidad, no por dichos de la Legislatura, sino de la ciudadanía y las propias administraciones de gobierno que han formulado diversidad de señalamientos sobre irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción.
