El Fiscal Especializado en Materia de Hechos de Corrupción, Jorge Vera Noyola, señaló que en corto tiempo se tendrán resultados satisfactorios en torno a los procesos que se llevan en contra de servidores públicos de diversos órdenes de gobierno y que están involucrados en distintos actos de corrupción.
Entre los principales delitos que enfrentan corresponden a peculado, ejercicio ilícito de la función pública, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.
Recordó que recientemente sostuvieron una reunión de trabajo con los diputados locales donde se dio a conocer sobre los 49 funcionarios públicos, que se encuentran bajo proceso de investigación y que han sido llevados ante un Juez para que les defina su situación penal conforme lo marca la ley.
Jorge Vera, explicó que de esos 49 servidores públicos que ya puso la Fiscalía a disposición de la autoridad judicial, 11 corresponden al Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASE); 2 son del Poder Ejecutivo; 1 es del Poder Judicial; 28 son autoridades municipales; y 7 son personas particulares con intervención en hechos de corrupción relacionados con alguno de esos entes.
También reconoció que dentro de esas cifras, están 5 diputados en proceso penal ante Juez, de los cuales 2 se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria y los otros 3 con solicitud ante Juez de Control para audiencia inicial; 6 ex funcionarios de la ASE también se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria, al igual que un particular que participó en uno de esos casos.
El Fiscal Especializado en Materia de Hecho de Corrupción, Jorge Vera, señaló en torno a los funcionarios del Poder Ejecutivo, y dijo que son dos oficiales del Registro Civil, una de los cuales está vinculada a proceso con suspensión condicional y el otro se encuentra con solicitud ante Juez de Control para la audiencia inicial.
En cuanto a las autoridades municipales, hay 5 alcaldes, 6 regidores de ayuntamiento, 2 síndicos, 3 secretarios municipales, 2 contralores, 5 tesoreros y 5 directores de desarrollo social, a los cuales la Fiscalía ha ejercitado acción penal y sus casos están ante un Juez, el cual determinará su situación jurídica.
