En iniciativas aparte también proponen bloquear cargos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia familiar, feminicidio y otros delitos.
Congresistas locales proponen que quienes aspiran a los principales cargos públicos del estado, como es la gubernatura, no estén inscritos en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias, ni tengan antecedentes penales por violencia familiar, feminicidio y otros delitos.
La iniciativa abarca a las candidaturas independientes, titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, fiscalías, magistraturas, diputaciones, así como candidaturas a presidir las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y de Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV).
Respecto al requisito de no ser deudores alimentarios, las propuestas por separado, surgieron de Emma Idalia Saldaña Guerrero, diputada del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Alejandro Leal Tovías, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo demás lo plantea Saldaña Guerrero, al exponer que no deberán tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.
Las reformas implican modificaciones a la Constitución Política del Estado y diferentes leyes secundarias, por ejemplo, la Electoral.
De acuerdo con la congresista, el año pasado el Legislativo del estado de Yucatán realizó reformas de tal índole, las cuales resultaron constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
