A 24 días de haber iniciado un plantón fuera de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Roberto y Marcela padres de una menor que fue abusada sexualmente por dos de sus maestras en el Instituto Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, San Luis Potosí, siguen exigiendo justicia y no dinero.
Marcela, madre de la víctima, afirmó que pese a las pruebas judiciales y dictámenes médicos, así como el reconocimiento por parte de la victima de las agresoras sexuales que fueron identificadas como la psicóloga María Teresa de Jesús Rodríguez Galván y la maestra Ivette del Carmen Méndez Zavala, el fiscal de la Subprocuraduría, Fernando Lemoine “se vendió” y no las castigo como establece la ley.
“Estamos aquí para pedirle al Estado que nos dé el acceso a la justicia a una niña quien señala a sus violadoras, las identifica y las reconoce, tenemos dictamen médico y psicológico, y el reconocimiento por fotografía aun así no le creen los jueces, los fiscales, se vive una corrupción terrible en el estado de San Luis Potosí”, denunció.
Expuso que yanto las autoridades de procuración de justicia como la Comisión Estatal de Derechos Humanos han hecho caso omiso, por lo que exigen a todas las instituciones que están para la protección del menor a que se acerquen al plantón y los ayuden atender justicia para su menor hija.
“Queremos justicia y no dinero es lo que estamos pidiendo porque ya es mucho lo que hemos pasado, amenazas, extorsión, y esto nos daña a nuestra familia, a nuestras hijas y a nuestro entorno de trabajo, es por eso que le solicito el apoyo de las autoridades para que vean que se están violando los derechos humanos de nuestras menores hijas y de la víctima”, aseveró.
