La Cámara alta aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios y contratistas o proveedores responsables de desviar recursos públicos.
El Senador por San Luis Potosí, Marco A. Gama Basarte, celebró la aprobación por el pleno de la Cámara alta de las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, con las cuales se establece en México la “Muerte Civil” a funcionaros públicos corruptos y a proveedores o contratistas gubernamentales coludidos con los mismos para afectar las finanzas públicas.
Al hablar a favor de la reforma presentada por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, ante el pleno del Senado de la República, Gama Basarte sostuvo que la corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país porque agravia profundamente a la sociedad, deslegitima la autoridad del gobierno, vulnera la eficacia de nuestro orden jurídico e impone a la administración pública costos extra legales muy altos.
Precisó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que los costos derivados de los actos de corrupción en México oscilan entre el 5 y el 10 por ciento del PIB, además de que la Secretaría de la Función Pública reconoce que sólo en 28 de más de 110 mil casos denunciados, se ha logrado una sanción definitiva o una inhabilitación, estimando el daño al erario público en más de 14 mil millones de pesos, “cifras que hoy nos ubican en el último sitio de países con mayor grado de corrupción entre los miembros de la OCDE, por debajo de naciones como Grecia y Hungría”, indicó.
El legislador potosino señaló que a partir de la reforma aprobada, las sanciones a funcionarios corruptos incluirían la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público y a los particulares se les vetaría de por vida, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, además de reintegrar los recursos públicos desviados.
Dijo que los problemas de corrupción, no solo son problemas de lesión patrimonial al Estado, sino de impunidad y de resquebrajamiento del Estado de Derecho. “Por eso, no es casual que el deterioro de las instituciones provoque que en los países con los niveles más altos de corrupción se reporte la mayor cantidad de asesinatos de periodistas, violaciones a los derechos humanos o cifra negra de delitos no denunciados”, agregó.
El Senador panista manifestó que la principal víctima de la corrupción es la confianza en nosotros mismos y nuestras instituciones. “Por esa razón, la reforma presentada por el PAN y MC busca mandar un mensaje muy claro a la sociedad mexicana, de que queremos que quienes cometan actos de corrupción sean sancionados ejemplarmente y nunca puedan volver a causar daño al Estado, sean servidores públicos o particulares”, concluyó.