Incumplimiento de amparo genera sanción económica y el amago de inhabilitarlos si no cumplen el mandato.
Por el desacato a un fallo emitido por un juez federal relacionado con el amparo de una magistrada del Poder Judicial, siete integrantes de la Mesa Directiva del Congreso fueron sancionados con multas de 10 mil pesos cada uno.
De acuerdo a documentación del proceso, habría existido un acto de simulación del Congreso al señalar que se había cumplido la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido realmente.
Lo anterior quedó registrado en el proceso de amparo 705/2020 y en el recurso de revisión 365/2021 abiertos por la magistrada del Poder Judicial del Estado, María del Refugio González Reyes contra la pasada Legislatura por no haber aprobado el dictamen de su ratificación, emitido por el Ejecutivo.
En junio de 2021, la magistrada obtuvo un fallo favorable, en el que el Juzgado Octavo ordenó al Congreso anular la votación que impidió la ratificación de la magistrada, para realizar una nueva sesión en la que el fallo sea ampliamente substanciado por los legisladores con las razones y fundamentos de la decisión.
El fallo dejaba a la Directiva del Congreso la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del fallo.
Sin embargo, éste nunca se acató, por lo que la magistrada interpuso un recurso de revisión en 2021, que también se resolvió a su favor y reiteró el pedido.
El 22 de marzo, el Congreso fue notificado de que en tres días debía dar cumplimiento a la sentencia. El término del plazo sería el 27 de marzo.
En un auto publicado por el Juzgado, queda asentado que 28 de marzo, por vía de la Coordinación Jurídica, el Congreso “pretendió dar cumplimiento, exhibiendo oficio firmado por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga y remitiendo oficio con el que pretendieron dar cumplimiento a ello”.
Al día siguiente, el Juzgado determinó el apercibimiento al Congreso estatal debido a que “no dio cumplimiento a la ejecutoría del amparo”.
Así, a la Directiva se le aplicó las penas dispuestas en la Ley de Amparo, que es una multa a cada uno de sus integrantes por el equivalente de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 10 mil 734 pesos.
Los legisladores sancionados serían la presidenta, Aranzazu Puente y los demás integrantes, Verónica Segovia, Yolanda Cepeda, Emma Saldaña, Nadia Ochoa, Gabriela Martínez y Lidia Vargas.
También se le ordenó a la Directiva cumplir con el fallo, so pena de pagar una sanción económica duplicada, es decir, de 200 UMAS.
“Además de que, sin más trámite, se remitirán los autos al superior para el trámite de inejecución e inhabilitación de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo del citado Congreso”, señala el auto.
