El Senador Potosino habló a favor de la creación del INPI porque “Si alguien merece una vida mejor y más digna son los pueblos indígenas”.
La Ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, busca garantizar plenamente los derechos de los pueblos originarios, institucionalizando una autoridad especializada que tendrá a su cargo todos los asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicanos, desde la perspectiva de transparencia, integralidad, transversalidad e interculturalidad, manifestó el Senador panista Marco A. Gama Basarte
Al hablar a favor al dictamen con el que se creó la Ley del INPI, el también integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas señaló ante el Pleno del Senado de la República que al nuevo órgano se le brindará un amplio marco de atribuciones que atienden cada uno de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ámbito nacional e internacional; “Pero fundamentalmente, fortalecen las medidas institucionales para concretar y robustecer la transversalidad de los asuntos indígenas”, sostuvo.
Manifestó que tanto Acción Nacional como en lo personal, “siempre estaremos del lado de la ciudadanía y sin regatear esfuerzo alguno o beneficio político, apoyaremos todo proyecto que nos lleva a lograr una patria ordenada y generoso y una vida mejor y más digna para todos y si alguien lo merece como saldo de una histórica deuda, son nuestros pueblos indígenas”, añadió
Con la aprobación de esta minuta, señaló en tribuna, “lograremos dar impulso a una política que da prioridad de atención a las comunidades indígenas y afromexicanas, y además que su voz sea escuchada a través de las consultas que se tendrán que realizar cuando se pretendan realizar proyectos de desarrollo que los afecten de alguna manera”, precisó.
Por último, Gama Basarte sostuvo además que la Ley como letra normativa, representa un avance legislativo generoso, “pero la tarea no concluye con la aprobación de la misma, ahora debemos asegurarnos de que sea tangible presupuestalmente y práctica en su aplicación, para que resulte en mejores condiciones de vida para nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas, dejar de ser una instancia tuteladora o asistencialista, y ser garantes del ejercicio pleno de sus derechos”, finalizó.
