ES UNA COPIA DE LOS “MARAS”.
CONOCIDOS COMO “LOS MOTONETOS”, “LOS SICARIOS” DEL CÁRTEL DE SAN JUAN CHAMULA (CSJC).
ES LA PRIMERA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO.
En medio de la muchedumbre que acude todos los días al Mercado de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas, en el centro de la llamada Ciudad Real, tres muchachitos de entre 15 y 19 años cazan a su siguiente presa desde una esquina.
Las radios de comunicación, la pistola en esas bolsas que se conocen como “mariconeras” y una motocicleta para huir a toda velocidad son las características de dichas células criminales que operan en esta ciudad colonial.
Algunos los conocen como “Los Motonetos”. Otros, sencillamente, como el “brazo armado” del grupo criminal “Sentimientos de la Nación”, pero también como “los sicarios” del llamado Cártel de San Juan Chamula (CSJC), la primera organización indígena de la delincuencia organizada en el país.
Operan como las maras salvadoreñas (Mara Salvatrucha y Barrio 18) porque, dicen policías de este municipio, comerciantes y pobladores, “son adiestrados por estos pandilleros centroamericanos y han provocado, incluso, la parálisis total de la ciudad en varias ocasiones”. Algunos de estos jóvenes, incluso, ya ostentan tatuajes en la cara con las siglas del cártel indígena o del grupo “Sentimientos de la Nación”.
El CSJC y sus redes criminales controlan desde hace casi una década este centro neurálgico en el trasiego de drogas, armas, migrantes y huachicol.
Y es que San Cristóbal de las Casas, ubicado en el corazón de los Altos de Chiapas, es el punto estratégico para dispersar los negocios delictivos en tres corredores estratégicos: el que va hacia el Golfo de México, vía Palenque y Villahermosa; el que va hacia el Pacífico, vía Tuxtla Gutiérrez, y el que va hacia el centro, vía Veracruz y Oaxaca.
La existencia del primer cártel indígena incluso ha sido reconocida por el propio gobierno federal. En noviembre de 2021, Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de Seguridad Ciudadana, reconoció la existencia del CSJC y a principios de julio de este año hizo lo propio el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
