Los pasivos acumulados en el sector de Pensiones del Estado, obligará a que continúe una estrategia integral con el que se atiendan los adeudos pendientes, pero también reformas que ayuden a darle mayor viabilidad a los fondos existentes.
Lo anterior lo señaló Daniel Pedroza Gaitán, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado quien reconoció que esos pasivos, han sido uno de los temas abordados con frecuencia en el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Entrega-Recepción.
Comentó que a pesar de las aportaciones hechas durante la actual administración gubernamental, hay adeudos considerables que deberán atajarse en los años subsecuentes y por lo tanto, le estarían correspondiendo a la próxima administración estatal.
Dijo que uno de los adeudos es el que corresponde al fondo de pensiones del subsector Telesecundarias, catalogado como en el limbo, requerirá que haya una gestión permanente con el gobierno federal. “En términos generales, el tema de las pensiones es un riesgo latente en todo el mundo, en México y San Luis Potosí no es la excepción, obviamente las condiciones han cambiado en cuanto a expectativa de vida, población aportante, jubilada, a la que le toca su pago”.
Precisó que “Es importante analizar medidas y acciones de fondo, reformas de fondo, es un tema que tener toda la importancia que merece”, añadió.
Explicó que en San Luis Potosí derivado de la crisis sanitaria motivada por la pandemia y la financiera que representó menores ingresos a las arcas, se han incrementado los adeudos a los tres fondos de pensiones, correspondientes al de burócratas, maestros y telesecundarias.
“Éste último tiene características muy propias, es un subsistema que siempre ha estado en el limbo, porque no ha sido absorbido completamente por la Federación, tampoco el Estado puede atenderlo íntegramente, siempre ha sido necesario recurrir a fondos federales, se han recibido, están planteados los que corresponden a 2021, tanto a nómina de activos como de los jubilados, hay una buena respuesta del gobierno federal de que se trata de un problema histórico, no de esta administración estatal, es uno que tiene 30 a 40 años”, finalizó.
