El secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, anunció que se solicitará el ejercicio de una acción penal contra la administración estatal pasada, por adquirir un equipo de recepción de señal obsoleto y al doble de precio, para cámaras de video y que vigilarían la Zona Industrial. Solicitarían el ejercicio de la acción penal.
El sistema fue adquirido por el Gobierno del Estado, nunca pudo operar con más de 3 mil cámaras que adquirieron los empresarios.
De acuerdo a los términos de las pruebas que pudieran resultar en la integración de la denuncia, se trata de un equipo receptor y monitor de software obsoleto, para 3 mil cámaras que fueron adquiridas. Precisó que además, en el reporte del gasto hay un estimado de costo al doble de su precio original.
A finales del gobierno de Juan Manuel Carreras López pagó 375.4 millones de pesos a la empresa SYM Servicios Integrales, por un sistema de videocámaras de vigilancia y su conexión con el C5.
Al respecto, el entrevistado aseguró que “habrá una investigación muy clara y en todo caso con absoluto respeto a los derechos humanos, encaminada a que existan elementos para presumir una responsabilidad, y que llevarán a juicio a los responsables de la adquisición de las cámaras”.
Torres Sánchez informó que en muy corto plazo instalarán el equipo nuevo, y así se ofreció en los términos de la más reciente plática sostenida con el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Puente Morón.
Informó que de inmediato, las cámaras estarán conectadas al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), y también existe un plan para colocar algunas de ellas en viviendas particulares cercanas a la Zona Industrial.
Sin embargo, serán las autoridades policiales quienes definan qué tipo de equipos serán adquirido para la instalación en la Zona Industrial y alrededores.
