Un hervidero de indignación se ha instalado en lo más profundo de los sentimientos de nuestra comunidad. Hay razones para ello. Las cosas han llegado al límite. La violencia desatada por manos criminales y la dejadez e incapacidad de las autoridades nos están robado la tranquilidad, la libertad, la democracia y nuestro futuro. Hay rabia e impotencia. Corre demasiada sangre en barrios, colonias, ejidos y plazas comerciales. La siniestra estadística de la muerte no miente por más maquillaje que le apliquen los alquimistas oficiales de la opinión pública que desde sus cuartos de guerra han pretendido deformar la realidad.
Ya no nos creemos que se trata sólo de una vendetta entre mafiosos producto de su sangrienta lucha por apropiarse del territorio para instalar su imperio del mal. Hay daños colaterales. Ciudadanos inocentes que han sido víctimas fatales de las balas, un daño terrible a la imagen de nuestro estado que empieza a ser percibido como tierra violenta y sin ley, un gobierno estatal rebasado que pierde paulatinamente legitimidad y el colmo, el perverso asesinato de Daniel Esqueda Castro, periodista potosino de apenas 27 años de edad y que con su partida ha dejado una huella de dolor y abandono al desamparar a una joven esposa y a una niña huérfana de apenas 7 meses de edad.
Es natural entonces que voces rebeldes se escuchen por doquier expresando malestar y enojo. Pidiendo justicia pronta y castigo a los culpables.
La pasión de la indignación se hace presente entre nosotros. Es una buena noticia. Habla de una ciudadanía valiente que no está dispuesta a dejarse paralizar por el miedo. De una comunidad decidida a exigir a sus autoridades acciones contundentes. Ello nos hace escuchar en un altavoz un rotundo ¡No! a la indiferencia. En suma, da vida a la venturosa convicción de ejercer el derecho a la indignación. Porque la defensa de la dignidad y los derechos humanos lo exigen. Porque no pude permitirse que un periodista más sea asesinado.
El resorte de la indignación se activó con el artero asesinato de Daniel Esqueda Castro. Periodista que en vida y oportunamente había denunciado desde junio pasado amenazas de muerte en su contra por ser una presencia incomoda a los intereses de la mafia institucionalizada o informal. Lamentablemente la indolencia y falta de compromiso de quienes debieron en su momento activar el protocolo de protección a periodistas propiciaron la tragedia. Mucha de esta responsabilidad recae en la Secretaria de gobierno y en la Procuraduría de Justicia del estado. Es inaceptable que si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había solicitado medidas de protección para el periodista asesinado, estas dos entidades no hayan ordenado la salvaguardia y resguardo de Daniel. Hacer justicia en este caso transita también por los procedimientos de señalar responsabilidades a los servidores públicos que no actuaron a tiempo.
El que se asesine a un periodista es un evento inaceptable porque se atenta no sólo contra los derechos humanos de un ciudadano, sino porque además se apuñala la libertad de expresión que es uno de los pilares de cualquier democracia. Defender la libertad de expresión es defender la libertad que asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural. Más cuando ésta custodia y acción se refiere a un profesional del periodismo.
Ello explica por qué el caso de Daniel ha adquirido resonancias nacionales e internacionales. En efecto, organismos defensores de los periodistas están demandando con firmeza el esclarecimiento de la ejecución artera de nuestro periodista. Exigen que no haya impunidad, re victimización u olvido.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión han demandado con dureza una investigación a fondo de este fatídico caso potosino.
Esta presión internacional ha obligado a la intervención urgente de la Secretaria de Gobernación que como primera medida ha decidido tomar el caso en sus manos haciendo a un lado a la autoridad local por la existencia de sospechas, aún no confirmadas, de que algunos integrantes de la policía ministerial del estado podrían estar involucrados.
Es previsible que la presión sobre el gobierno del estado y la Secretaria de Gobernación aumente en los próximos días si no hay resultados inmediatos.
El gremio de los periodistas es muy activo, crítico y solidario cuando de amenazas o asesinato de alguno de ello se trata. Tómese en cuenta además que el caso de Daniel ha conmovido e irritado a la sociedad potosina y a organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y que esto ha generado una fuerte corriente de opinión, presión y apoyo en favor de esta causa para que se llegue hasta las últimas consecuencias y no haya impunidad.
Por todo lo anterior ¡claro! que “Daniel Somos Todos” y ha llegado el momento de ejercer el derecho a la indignación. Y aún más, confió en que indignación más acción ciudadana será igual a un cambio que nos urge en este y otros aspectos de la vida pública.
